IA, biometría y nube: por qué la nueva ley de datos en Chile sube la exigencia para las empresas

La próxima entrada en vigencia de la Ley 21.719 pondrá más presión sobre el manejo de información personal en Chile. En un escenario marcado por la expansión de la IA, la nube y la biometría, el foco estará en transparencia, resguardo y confianza digital.

Durante años, los datos personales fueron vistos por muchas empresas como un insumo más del negocio digital. Algo útil, abundante y, en varios casos, mal explicado hacia afuera. Pero ese escenario empieza a cambiar con más fuerza en Chile. El avance de la inteligencia artificial, el uso masivo de servicios en la nube y la incorporación de biometría en industrias como banca, salud, telecomunicaciones y retail está empujando una conversación que ya no pasa solo por innovación, sino también por límites, derechos y resguardo.

Ahí entra la Ley 21.719, cuya próxima entrada en vigencia obligará a las empresas a ser bastante más claras sobre qué datos recolectan, para qué los usan y si serán compartidos con terceros. En otras palabras, la ley no llega en un momento cualquiera: aterriza justo cuando la economía digital depende cada vez más de procesar información sensible, muchas veces a gran escala y en tiempo real.

Chile avanza en digitalización, pero también sube la presión por proteger datos

El contexto ayuda a entender por qué este cambio legal empieza a ser tan relevante. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, Chile aparece como uno de los países que lideran la región en conectividad, disponibilidad de datos, políticas públicas y ética digital. Es una señal positiva para el ecosistema tecnológico, claro, pero también implica una responsabilidad mayor: mientras más digitalizado está un país, más expuesto queda si no fortalece sus reglas de protección.

A eso se suma que, de acuerdo con cifras de Subtel citadas en el texto base, cerca del 75% de las personas en Chile utiliza la nube para respaldar datos de sus teléfonos inteligentes. Ese dato parece cotidiano, pero en el fondo muestra algo más grande: una parte importante de la vida digital ya está alojada en servicios remotos, desde fotos y contactos hasta documentos, conversaciones y respaldos de aplicaciones.

Para Miguel Villar, Chief Technology Officer de Redvoiss, esa conectividad creciente es justamente el factor que habilita la circulación masiva de datos. Y en un entorno donde las aplicaciones basadas en IA requieren grandes volúmenes de información para entrenarse y operar, los datos pasan a ser una infraestructura crítica de la economía digital, no solo un subproducto técnico.

El punto más delicado: biometría, salud y ubicación en tiempo real

Uno de los focos más sensibles de la nueva legislación está en el tratamiento de datos que no son cualquier dato. El texto pone especial atención en la información biométrica —como reconocimiento facial o huellas digitales— y en datos vinculados a salud, categorías que hoy empiezan a pesar cada vez más en la operación de múltiples industrias.

No cuesta ver por qué. En la banca, por ejemplo, la biometría se usa para autenticar usuarios; en salud, para validar identidad o acceso a servicios; en telecomunicaciones y retail, para acelerar procesos y personalizar experiencias. El problema es que mientras más útil se vuelve este tipo de información, más delicado se vuelve también su resguardo. Una clave se cambia. Una huella o un patrón facial, no.

Villar plantea que, en este contexto, elevar los estándares para el uso y protección de esos datos deja de ser una buena práctica opcional y pasa a ser una necesidad. Lo mismo ocurre con la geolocalización. Aunque no siempre se piensa de inmediato como dato personal en sentido tradicional, el texto subraya que sí entra en la categoría de información sensible considerada por la normativa. Y eso pesa bastante en un ecosistema donde aplicaciones móviles, plataformas de transporte y servicios digitales operan con base en la ubicación del usuario, muchas veces en tiempo real.

La ley busca transparencia, pero también confianza para sostener la economía digital

Uno de los cambios más concretos que empuja esta normativa tiene que ver con transparencia. Las empresas deberán informar con mayor claridad qué datos recogen, con qué objetivo lo hacen y si esa información será compartida con terceros. Puede sonar básico, pero en la práctica implica cambiar la lógica con la que muchos servicios digitales han operado hasta ahora: desde políticas largas y poco legibles hasta consentimientos que el usuario acepta casi por inercia.

En ese escenario, la Ley 21.719 no aparece solo como una obligación regulatoria, sino también como una forma de ordenar el desarrollo tecnológico. La idea de fondo es que innovación y protección de derechos no tendrían por qué ir por carriles separados. De hecho, si la economía digital depende de los datos, entonces la confianza sobre cómo se usan pasa a ser una condición para que ese mismo ecosistema siga creciendo.

Ese parece ser el punto central del planteamiento de Redvoiss. En un país que ya muestra avances importantes en conectividad, IA y desarrollo institucional, el gran desafío ya no sería únicamente seguir digitalizando procesos, sino hacerlo con reglas más claras, mayor seguridad y mejores estándares de protección. Porque cuando los datos son el motor del sistema, cuidarlos deja de ser un detalle legal y se convierte en parte de la infraestructura misma del desarrollo digital.