Deepfakes, acoso y desinformación: la violencia digital que ya dejó de ser un problema “de internet”

Los deepfakes ya no son solo una curiosidad tecnológica ni un truco de redes sociales. En Chile, el debate empezó a moverse hacia otro lado: cómo estas herramientas se cruzan con acoso, desinformación, violencia de género y vacíos legales que todavía no logran seguirle el ritmo al problema.

Durante bastante tiempo, hablar de deepfakes sonaba a demostración técnica, video viral o experimento con inteligencia artificial. Pero ese momento ya pasó. Hoy la conversación es bastante menos ingenua: estas tecnologías no solo pueden alterar imágenes, audios o videos con alto realismo, sino que además se están mezclando con fenómenos mucho más duros, como campañas de desinformación, hostigamiento digital y daño reputacional.

Ese es justamente el foco de una nota publicada por La Tercera, que recoge un estudio interdisciplinario liderado por la académica de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laura Mayer, sobre violencia digital y sus implicancias jurídicas y sociales. El trabajo advierte que el problema está evolucionando más rápido que las herramientas legales disponibles y que el entorno digital ya exige respuestas más específicas desde el derecho y las políticas públicas.

La violencia digital no sería una sola cosa, sino varias al mismo tiempo

Uno de los puntos más interesantes del estudio es que no trata la violencia digital como un bloque único. Según explica Mayer en la publicación, se trata de un fenómeno cambiante, que toma formas distintas según el contexto en que aparece, ya sea educativo, laboral o social. La investigación, titulada “Violencia digital: concepto, manifestación e implicaciones jurídicas y sociales de un fenómeno dinámico”, buscó precisamente determinar si este tipo de violencia tiene rasgos propios que la diferencian de la violencia fuera del entorno digital.

Ese matiz importa harto. Porque cuando se habla de violencia digital, muchas veces se mete todo en el mismo saco: insultos, difusión de contenido falso, acoso, manipulación de imágenes, amenazas o campañas coordinadas. Pero el estudio plantea que no todo opera igual ni genera el mismo tipo de daño, por lo que tampoco bastaría con una respuesta legal genérica.

Deepfakes: el salto desde el experimento al daño real

Dentro de ese mapa, los deepfakes aparecen como una de las expresiones más sensibles. La Tercera los menciona como parte de las tecnologías emergentes abordadas por el estudio, destacando su capacidad para manipular imágenes o videos con un alto grado de realismo. Y ahí está justamente el problema: mientras más convincente es el contenido falso, más fácil se vuelve usarlo para desacreditar, humillar, confundir o amplificar campañas de desinformación.

En simple, el riesgo ya no pasa solo por “que se vea falso” o por un montaje medio evidente. El punto es que estas herramientas pueden circular rápido, instalar dudas y producir daño antes de que alguien logre desmentirlas. En ese escenario, la tecnología deja de ser un juguete llamativo y se transforma en una herramienta bastante eficaz para hostigar o manipular.

Desinformación y libertad de expresión: el punto más delicado

La investigación también pone foco en la desinformación, especialmente en contextos sensibles. La nota de La Tercera recuerda que el equipo publicó en 2025 un artículo en el European Journal on Criminal Policy and Research sobre el impacto de este fenómeno durante el proceso constitucional chileno. A partir de ese trabajo, Mayer sostiene que la libertad de expresión no es absoluta y que un sistema democrático puede establecer límites cuando la difusión deliberada de información falsa provoca daños graves e inmediatos al proceso democrático.

Ese probablemente es el nudo más difícil de toda esta discusión. Porque regular desinformación, deepfakes o violencia digital no es simplemente apretar un botón y prohibir cosas. Requiere criterios claros para distinguir entre opinión, sátira, error, manipulación deliberada y daño efectivo. Según la nota, el estudio propone avanzar hacia sanciones en casos específicos, pero siempre bajo parámetros que permitan identificar cuándo la desinformación realmente genera un perjuicio concreto.

La ley va detrás de un problema que cambia todo el rato

La frase más clara del reportaje quizás es también la más incómoda: “Estamos frente a un fenómeno dinámico, que evoluciona rápidamente y que desafía las herramientas tradicionales del derecho para su regulación”, señala Mayer en La Tercera. Ese diagnóstico resume bien el problema chileno y también uno bastante global: la velocidad con que cambian estas formas de agresión digital es mayor que la capacidad institucional para entenderlas, tipificarlas y responder a tiempo.

Por eso, la discusión no parece ir solo por crear nuevas sanciones, sino también por construir una comprensión más fina del fenómeno. La publicación señala que durante el primer semestre de 2026 el equipo difundirá un libro colectivo con estos análisis desde distintas disciplinas, con la idea de aportar a respuestas que protejan a las personas sin vaciar de contenido la libertad de expresión.

Ya no basta con decir que “esto pasa en redes”

Lo más relevante de este tema es que obliga a dejar atrás una mirada liviana sobre la vida digital. Los deepfakes, el acoso online y la desinformación ya no son problemas secundarios ni discusiones para especialistas en internet. Son parte de una conversación más grande sobre derechos, reputación, seguridad y convivencia en un entorno donde una imagen falsa o una campaña coordinada puede escalar en minutos.

Y ahí Chile tiene un desafío bien concreto: entender que la violencia digital no es menos real por ocurrir a través de una pantalla.